INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE BASE DE DATOS GENÉTICOS
PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PRESENTA LA DIPUTADA VERÓNICA
MARTÍNEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. EULALIO GUTIÉRREZ ORTIZ”, DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CONJUNTAMENTE CON LAS DEMÁS DIPUTADAS Y
DIPUTADOS QUE LA SUSCRIBEN.
H. PLENO DEL CONGRESO
DEL ESTADO
DE COAHUILA DE
ZARAGOZA.
P R E S E N T E.-
La que suscribe, Diputada Verónica Martínez
García, en el ejercicio de las facultades que me confieren el artículo 59
fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así
como los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I y demás aplicables de la Ley
Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de
Zaragoza, en mi carácter de Diputada Integrante de la Sexagésima Legislatura de
este Honorable Congreso del Estado, me permito someter al mismo, la presente
Iniciativa de Decreto por el que se crea la Ley de Base de Datos Genéticos del
Estado de Coahuila de Zaragoza,
bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
Nuestro
país, ha sido objeto de múltiples cambios en el ámbito jurídico, que han puesto
en marcha grandes instituciones y una normatividad tendiente a garantizar los
derechos de todos los mexicanos, desde una reforma que modifica el sistema
penal mexicano, hasta una reforma que consolida el reconocimiento de los
derechos humanos en nuestra Carta Magna.
Así,
el 18 de junio de dos mil ocho, México llevó a cabo la reforma más importante
del sistema penal, al incorporar en la Constitución Federal el llamado Sistema
Acusatorio Adversarial, abandonando así el terreno del denominado Sistema
Tradicional, para dar paso al Nuevo Sistema de Justicia Pena. Ahora bien, la característica principal de
éste, es la clara división de funciones entre sus intervinientes, es decir un
juez que sólo se dedica a juzgar, un Ministerio Público que investiga y en su
caso acusa, y un Defensor que ejerce una defensa técnica a favor del imputado.
Esta
separación de roles robustece la obligación del Ministerio Público de realizar
la investigación de delitos, con auxilio de la policía o policías y de
servicios periciales.
Si
bien dicha función ya se contenía en nuestra Constitución antes de la referida
reforma, ahora se fortalecen sus auxiliares, es decir la policía y los peritos,
pues la primera con este sistema penal tiene ahora la obligación de llevar a
cabo una investigación científica, basada no sólo en las declaraciones de
testigos, sino en pruebas técnicas, que a su vez serán complementadas con los
peritos según la materia de que se trate.
Lo
anterior implica, que se debe contar con las herramientas técnico-científicas
necesarias para llevar a cabo esa investigación con el nivel que la Carta Magna
ha encomendado a la Institución del Ministerio Público, es decir, con una
policía y peritos capacitados en su nuevo rol.
Sin
embargo, no se debe soslayar que para garantizar que se cumpla con ello es
necesario contar con los protocolos, reglamentos y leyes, que normen su
actividad, en aras de lograr el objetivo pretendido.
De
ahí, que se propone la existencia de una Base de Datos Genéticos para nuestro
Estado, la cual sirva en el ámbito penal, como un instrumento que contendrá la
información científica necesaria en materia genética, de identificación de
personas sujetas a una investigación, sentenciadas, no localizadas o víctimas
de un delito.
De
tal suerte que dichas base de datos pueda auxiliar a los encargados de la
procuración de justicia a esclarecer hechos delictuosos.
Pero
además, en ella se contendrá material genético relacionado con controversias de
índole familiar, logrando así que los peritos encargados de dicha base de datos
sean auxiliares del sistema de administración de justicia, que a su vez servirá
como mecanismo de acceso a la justicia para los ciudadanos, al ser un servicio gratuito
proporcionado por el Estado.
Todo
ello, sin duda fortalece los derechos humanos reconocidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la reforma constitucional de dos
mil once, pues consolida las acciones por parte del órgano gubernamental al
reconocer el derecho al acceso a la justicia, mismo que exigen los distintos
Tratados Internacionales de los cuales nuestro país es parte.
De
igual forma, es oportuno mencionar que tomando como referente lo realizado en
la materia en otras entidades federativas, donde el esquema ha sido exitoso, es
que se construye la presente Iniciativa que estamos seguros que de aprobarse
representará un gran beneficio y avance en la entidad.
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